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Crisis Electoral en Venezuela: Maduro se Proclama Presidente en Medio de Denuncias de Fraude y Violentas Protestas

En la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos, mientras que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2%. Este anuncio ha generado una ola de indignación y denuncias de fraude por parte de la oposición y ha provocado reacciones de condena por parte de la comunidad internacional.


Manifestaciones en Caracas por las elecciones en Venezuela
Reuters

El proceso electoral venezolano, se ha visto empañado por la falta de acceso a las actas físicas, que son esenciales para verificar los resultados. La oposición esperaba una victoria contundente, pero el resultado oficial contradice esas expectativas, recordando las controversias electorales de 2013 cuando Maduro fue proclamado presidente tras la muerte de Hugo Chávez.


La oposición, encabezada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados, argumentando que las actas electorales en su poder indican una victoria clara para González Urrutia. En una conferencia de prensa, Machado afirmó: "Según la verificación de las actas electorales, hemos ganado la elección con una amplia mayoría". La oposición sostiene que el CNE, controlado por el gobierno, ha manipulado los resultados y exige la publicación completa de las actas para verificar el conteo.



Respuesta Internacional

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado lo que considera una manipulación "aberrante" de los resultados por parte del gobierno de Maduro y ha instado a que se acepte la derrota electoral. Brasil, a través de su Cancillería, ha pedido la publicación de las actas para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso. Además, el Centro Carter, observador internacional de las elecciones, ha solicitado la publicación inmediata de las actas electorales para poder completar su tarea de verificación.


El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento a la total transparencia en el recuento de votos y ha felicitado al pueblo venezolano por expresar su voluntad de manera pacífica. "Guterres hace un llamamiento a la total transparencia y anima a que se publiquen puntualmente los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales", declaró en un comunicado.


El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado una postura diferente al resto de la comunidad internacional, indicando que México reconocerá al gobierno electo si el CNE confirma los resultados. "Tenemos el 80% de las casillas. Hay que esperar que esté el 100% y nos vamos a guiar por eso. Si la autoridad electoral de Venezuela confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al Gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia", declaró López Obrador.


El gobierno venezolano ha expulsado a los diplomáticos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en respuesta a las críticas sobre el proceso electoral. La OEA ha condenado esta acción, reafirmando su denuncia sobre la manipulación de los resultados electorales.



Protestas y Represión

Las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas se han llenado de manifestantes que rechazan los resultados anunciados por el CNE, denunciando lo que consideran un fraude electoral. Los manifestantes, que en su mayoría son jóvenes, han utilizado diversas formas de protesta, desde marchas pacíficas hasta la instalación de barricadas y el cierre de vías principales. Las concentraciones se han desarrollado tanto en los barrios populares, tradicionalmente bastiones del chavismo, como en las zonas más acomodadas de las principales ciudades del país.


La represión de estas protestas ha sido contundente. Al menos dos personas han perdido la vida y varias decenas han sido detenidas. No obstante, las cifras exactas de víctimas varían según las fuentes: la ONG Foro Penal reporta seis fallecidos en distintas regiones del país, mientras que la Encuesta Nacional de Hospitales ha registrado tres muertos en Maracay y Caracas. Además, la represión ha dejado decenas de heridos, muchos de los cuales han recibido disparos de perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas de seguridad.


En las redes sociales circulan numerosos videos que muestran a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad, con escenas de violencia y represión. En algunos videos se observa a agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) disparando directamente contra los manifestantes, utilizando tanto munición letal como no letal. También se han reportado casos de civiles armados, presuntamente simpatizantes del gobierno, que han atacado a los manifestantes.


La represión no se ha limitado a Caracas. En el estado de Táchira, en la frontera con Colombia, se han registrado enfrentamientos particularmente violentos. Los manifestantes han bloqueado las principales vías de acceso a la ciudad de San Cristóbal, y la respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido igualmente violenta. En el estado de Zulia, en el occidente del país, las protestas también han sido intensas. Los manifestantes han incendiado vehículos y han levantado barricadas, mientras que la policía ha respondido con una represión feroz.


La situación en el estado de Aragua ha sido similar, con reportes de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Maracay. En Yaracuy, dos personas han muerto en los enfrentamientos, según la ONG Foro Penal. Estos incidentes reflejan la tensión y el descontento que prevalece en todo el país.


Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado a las autoridades venezolanas a respetar el derecho a la protesta pacífica y a investigar los casos de violencia y represión. En respuesta, el gobierno ha defendido las acciones de las fuerzas de seguridad, calificando a los manifestantes como "terroristas" y acusándolos de intentar desestabilizar al país.



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